El gobierno de Estados Unidos elevó este martes la presión financiera sobre el Cartel del Noreste al imponer sanciones contra dos casinos y tres personas presuntamente vinculadas con la estructura del grupo criminal. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dentro de una estrategia enfocada en debilitar las fuentes de ingreso y apoyo del cartel en la franja fronteriza con Texas. Según las autoridades estadounidenses, la organización mantiene una fuerte presencia en Nuevo Laredo, un punto clave para el comercio y el tráfico ilegal en la frontera entre ambos países.
Los casinos señalados
Entre las entidades alcanzadas por las sanciones aparece Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con el Tesoro, este establecimiento habría sido utilizado como centro de resguardo de drogas y como vehículo para lavar ganancias ilícitas por medio de sus operaciones de juego. La misma acción también alcanzó a Diamante Casino, con sede en Tampico, al que las autoridades estadounidenses vinculan con la misma red empresarial y operativa. Ambas salas fueron relacionadas por OFAC con actividades de apoyo material y financiero al cartel.
El expediente oficial también identifica a Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) como la empresa operadora de Casino Centenario y de Diamante Casino. En el caso de este último, el Tesoro agregó que también administra un sitio de apuestas en línea con el mismo nombre, lo que amplía el alcance de la investigación sobre la estructura económica alrededor de estos negocios.
Tres nombres en el centro de la investigación
En la lista de sancionados figura Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, a quien OFAC ubica como responsable de coordinar operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo. La versión oficial sostiene que actuaba como un filtro para autorizar el paso de migrantes hacia Texas y que, además, controlaba inmuebles donde se almacenaba dinero en efectivo para sostener las operaciones del grupo.
Otro de los señalados es el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez. El Departamento del Tesoro sostiene que su papel habría ido más allá de una defensa legal convencional, al actuar presuntamente como intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y la dirigencia actual del cartel. Para las autoridades estadounidenses, esa labor habría contribuido a mantener la capacidad de mando del grupo criminal incluso con antiguos líderes bajo custodia.
La tercera persona sancionada es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido públicamente como Raymundo Ramos. Según OFAC, habría participado en una campaña de desinformación a favor del cartel bajo la apariencia de activismo de derechos humanos. La nota de AP añade que Ramos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y recuerda que en 2023 él negó acusaciones similares; además, una investigación independiente determinó después que su teléfono había sido intervenido con Pegasus en 2020.
Qué implican las sanciones
Las sanciones bloquean los bienes y activos que los señalados tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y, al mismo tiempo, prohíben que personas o empresas estadounidenses hagan negocios con ellos. El Tesoro precisó además que emitió una licencia general para permitir el cierre ordenado de operaciones vinculadas con CAMSA, Casino Centenario y Diamante Casino, una medida que busca ejecutar la sanción sin dejar abiertos compromisos comerciales pendientes.
Un nuevo golpe contra la estructura financiera del cartel
La acción anunciada este 14 de abril se inscribe en una ofensiva más amplia de Washington contra el Cartel del Noreste, al que identifica como heredero de Los Zetas. El Tesoro señaló que esta es la tercera medida de OFAC contra dirigentes y aliados del grupo durante la actual administración, tras acciones previas en mayo y agosto de 2025. Más que una operación aislada, la decisión muestra que el foco de las autoridades estadounidenses no solo está puesto en el tráfico de drogas y personas, sino también en las redes económicas y legales que, presuntamente, permiten sostener el poder del cartel en la frontera.
